Corrupción en procesos selectivos

El artículo 23 de la Constitución Española establece que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Esto, traducido, son las oposiciones o procesos selectivos que convocan las distintas administraciones públicas.

Pero......

1. ¿Qué ocurre cuando un funcionario público carente de valores, ética y principios es miembro de un tribunal en un proceso selectivo? 
   
2. ¿En ese escenario, están realmente todos los opositores en igualdad de condiciones? 
3. ¿Puede ser el proceso selectivo el inicio, parte intermedia o la culminación de una situación de corrupción bajo la forma de una sucesión de intercambios de favores y/o ventajas?

Veamos algún ejemplo ficticio para entenderlo mejor:

(a) Remontémonos a un proceso selectivo del pasado, ya lejano, en un organismo público cualquiera como puede ser el Parlamento de Andalucía, la casa de todos los andaluces.

(b) Supongamos que en aquel proceso selectivo, del subgrupo C1, un miembro del tribunal, Alejandro, tiene una relación de amistad previa con uno de los opositores, José Daniel.  

(c) Supongamos que ayudar a los amigos es la prioridad en la escala de valores de Alejandro. Y por ello, como miembro del tribunal, propone para el examen preguntas y problemas en las materias en las que sabe que José Daniel se siente más fuerte, o, por qué no, da indicios o pistas a José Daniel de cómo será el examen, o directamente le adelanta una copia.

 

(d) Y José Daniel finalmente es el opositor que supera el proceso selectivo, ¡¡¡Ya es funcionario C1!!!. 

 

 

(e) Ahora los amigos Alejandro y José Daniel ya trabajan juntos. La amistad se refuerza, y también, cierto es, José Daniel le debe algún favorcillo a Alejandro, su nuevo jefe.

 

(f) Pasan los años y Alejandro se ve envuelto en un caso de corrupción, en el que todas las evidencias apuntan a que ha estado adjudicando contratos a dedo a una determinada empresa, a la que también ha certificado contratos que no fueron ejecutados. José Daniel, sigue siendo amigo de Alejandro, y se siente en deuda con él. Por ello decide que tiene que ayudarle a eludir la investigación, por ejemplo, presentando unos informes que interfieran la investigación exculpando a Alejandro. 

 

(g) José Daniel sabe que el contenido de sus informes no tiene ningún sentido, y sabe también que nadie le ha pedido esos informes. Pero no le importa, porque también sabe que su estrategia corrupta será respaldada por la dirección de su organismo, también corrupta, y quiere salvar a Alejandro.

 

"Cuando una Administración incurre sistemáticamente en un marco general de corruptela, eso genera un espacio de desconfianza y causa un grave daño reputacional”. 

(cita de Ricardo Vicente Puyol Sánchez)
 

(h) Y todo sale de maravilla: ¡¡¡¡la investigación a Alejandro se archiva gracias a la providencial intervención de José Daniel!!!! Todos contentos.

(i) Pero seguimos: se convoca un nuevo proceso selectivo, al subgrupo A1, en el que Alejandro vuelve a ser miembro del tribunal y José Daniel se presenta como opositor. ¿Quién crees que superará el proceso selectivo? ¿Están todos los opositores en igualdad de condiciones? ¿A qué huele este nuevo proceso selectivo?

 

 

Afortunadamente, nuestras Leyes pone en manos de los opositores y la ciudadanía en general dos potentes herramientas que permiten acotar problemas como el planteado en el ejemplo, ficticio.

LA RECUSACIÓN

Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones tienen el deber de abstenerse de intervenir en el procedimiento, comunicando a su superior inmediato la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. [la cuestión litigiosa pendiente es un debate muy interesante que será tratado en otra entrada de este blog, confrontando diversas opiniones y doctrinas]

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

¿Es esto suficiente? No, porque al funcionario corrupto incumplirá siempre con su obligación de abstenerse, sobre todo si este incumplimiento es necesario para llevar a cabo su plan preconcebido.

 

Y es aquí cuando entra en juego la recusación: cualquier interesado en el procedimiento, cualquier opositor, puede promover la recusación de un miembro del tribunal que esté incumpliendo con su obligación de abstenerse. 

Pongamos un ejemplo: las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de oposición libre, en el Cuerpo Técnico, escala de Técnicos Superiores, especialidad Informática, del Parlamento de Andalucía. En su convocatoria, recuerda a los miembros del tribunal su obligación de abstenerse en determinadas situaciones y recuerda a los opositores que también ellos pueden recusar en esos supuestos:

 

Ante una recusación fundamentada, la Mesa del Parlamento de Andalucía asesorada siempre por Manuel Carrasco Durán, el Letrado Mayor y en base a la doctrina más autorizada, acordaría la sustitución del miembro del tribunal recusado.

LA DENUNCIA

Pero la recusación no siempre es efectiva, porque si la persona física u órgano colegiado que la resuelve también es corrupto -o es asesorado por un corrupto- la desestimará sin titubear, innovando en la fundamentación jurídica si es necesario. Por ello, los ciudadanos también tienen una potente herramienta de defensa: la denuncia ante organismos como la OAAF, dirigida por Ricardo Vicente Puyol Sánchez. Como es natural, una denuncia tiene que estar acompañada de indicios razonables, pero la obtención de la prueba plena, de haberla, corresponde a la fase de investigación que se inicia tras la su admisión a trámite.

 

Y así ocurrirá, sin duda, gracias a la absoluta diligencia, eficiencia y eficacia la OAAF, dirigida por Ricardo Vicente Puyol Sánchez, que procederá a la comprobación de lo denunciado y actuará sin titubear si es necesario. 

 

!!Con la OAAF, los corruptos saben que ya no tienen ninguna posibilidad de consumar sus planes¡¡